Es de aplicación inmediata en todos los niveles y modalidades, en gestión pública y privada.
La Resolución N° 115/26 crea un protocolo de acción temprana y escalonada para los establecimientos educativos de gestión estatal y privada. La norma busca garantizar la protección de las trayectorias educativas y fortalecer la convivencia escolar con el eje en la corresponsabilidad de la familia.
La normativa es de aplicación inmediata en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y consiste en un marco unificado de acción para prevenir, detectar y abordar estas problemáticas en el ámbito escolar.
Su objetivo es dotar a las instituciones de herramientas claras y visibles para actuar de manera oportuna, coordinada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco del Plan Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela.
Claves del nuevo régimen
El protocolo establece obligaciones concretas para las escuelas, los equipos docentes y las familias. Entre los puntos centrales se destacan:
- Actuación inmediata y obligatoria: Ante la detección, conocimiento o presunción de una situación de acoso, las autoridades escolares deberán intervenir sin demora.
- Medidas de resguardo y protección: La prioridad es garantizar la integridad de los estudiantes involucrados, asegurando la confidencialidad y evitando la estigmatización.
- Corresponsabilidad familiar: Los padres o tutores tendrán la obligación de concurrir a la escuela, participar en las acciones de abordaje y en caso de no hacerlo, se podrá solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes.
- Refuerzo de equipos técnicos: En casos de mayor gravedad o complejidad, se deberá convocar a la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE) y al Programa de Orientación Escolar (POE) para fortalecer la intervención.
- Se crea un Registro Provincial Digital de Intervenciones, para centralizar, monitorear y analizar los casos reportados, con el fin de mejorar las políticas públicas de prevención.
